Poderosa dirigente

Escribe: Arístides Alvarez

Fecha: 31 de julio de 2023

El primer acuerdo de la flamante y cuestionada mesa directiva del Congreso del período 2023-2024, no ha sido reemplazar al oficial mayor, sino en designar a Marisol Espinoza Cruz como directora general de administración (DGA), una suerte de gerente en funciones. Así, lo señala el Acuerdo N° 001 2023-2024/Mesa-CR comunicada por Javier Angeles Illmann.

Ella, reemplaza al ex coronel del ejército Pedro Milton Noriega Vinces, quién, entre otras acciones, venía ejecutando el millonario proceso de revalorización o ascenso de 120 trabajadores del Servicio Parlamentario como lo publicó replica.pe

Recientemente, se había desempeñado como asesora de Lady Camones Soriano, durante su fugaz presidencia al Congreso (julio-setiembre 2022) y primera vicepresidenta del Legislativo (agosto 2021-julio 2022).

Su permanencia laboral en el Congreso de Marisol Espinoza se concretó desde el 30 de noviembre del 2016 cuando se hizo militante del partido Alianza para el Progreso (APP), que tiene como fundador y líder al también cuestionado César Acuña Peralta, quién la nombró secretaria ejecutiva nacional hasta el 12 de julio del 2019. Inmediatamente, pasó a ser integrante de la dirección ejecutiva nacional, gerente general y representante legal partidaria.

Su “amor al Perú” que profesó, primero como militante de Unión por el Perú (UPP) y después del partido Nacionalista Peruano, junto a Ollanta Humala durante las dos candidaturas de éste a la presidencia de la República (2006-2011), quedó rápidamente en el olvido cuando renunció a su afiliación el 19 de octubre de 2015 siendo aún primera vicepresidencia de la República (2011-2016) y congresista reelecta (2011-2016/2006-2011).

En esa condición se hizo por tercera vez candidata N°1 por Piura, disputándose la única curul por APP con la candidata N° 6, Heydi Juárez Calle. Al 82 % de las actas contabilizadas por la ONPE, Juárez se imponía a Espinoza, quién después resultó ganadora por una diferencia de 1,176 votos. Juárez calificó públicamente el hecho como “…evidente fraude electoral para favorecer a otros…”. Días después, en Lima denunció el fraude electoral en el conteo de votos a favor de Marisol Espinoza y entregó a la fiscalía las actas supuestamente adulteradas. En el 2021, Juárez resultó elegida congresista y hoy afronta una investigación fiscal por “mocha sueldos”.

Tras el cierre del Congreso por el presidente Martín Vizcarra (30-09-2019), Marisol Espinoza se estrenó como abogada y presentó una demanda de amparo al Poder Judicial para anular el decreto supremo del Ejecutivo y lograr restablecer sus funciones parlamentarias.

Lo único que logró fue su “expulsión” de APP por haber actuado a espadas del partido, dijo el 9 de octubre del 2019, César Acuña. “Espinoza fue expulsada por diferentes razones como votar por el archivamiento del proyecto de ley sobre el adelanto de elecciones, apoyar la elección de los miembros del Tribunal Constitucional (TC) y por votar la vacancia del presidente Vizcarra”, agregó. (Lo hizo en su calidad de integrante de la Comisión Permanente)

“Espinoza Cruz contradijo la decisión del partido Alianza para el Progreso del 10 de agosto que fijó las reglas claras respecto al adelanto de las elecciones”. Ella actuó a título personal, “confabulándose con los fujiapristas, de quien es aliada, a fin de hacer daño nuestro partido”, reiteró Acuña. Por su parte, su colega de bancada, César Vásquez, hoy ministro de Salud del gobierno de Dina Boluarte, consideró de “decisión acertada” su expulsión del partido.

Las palabras de Acuña se las llevaron el viento, porque como hemos mencionado líneas arriba, Marisol Espinoza, mantiene la concentración de importantes cargos dirigenciales vigentes en APP no visto en la historia de los partidos políticos.

En su haber registra una denuncia periodística que la acusó de tráfico de influencias por supuestamente interceder en la reasignación de un tomógrafo para Piura que estaba destinado para Abancay. Después, el fiscal anticorrupción Juan Carrasco Millones le aperturó una investigación por los presuntos delitos de cohecho pasivo impropio y tráfico de influencias agravado al haber gestionado y votado a favor de una ley relacionada a las empresas azucareras que beneficiaba directamente a Edwin Oviedo Pichotito, junto al congresista aprista Javier Velásquez Quesquén, sobre la base de un colaborador eficaz, en las investigaciones del caso “Los Wachiturros de Tumán”. Ambos, negaron la acusación. En mayo del 2023, la Fiscal de la Nación, Patricia Vargas, archivó el caso argumentando que el testigo no ha entregado pruebas de las imputaciones.

Su declaración jurada de intereses presentada a la Contraloría que publica corresponde al 2022.  No indica la identidad del padre de su hija. La omisión de información amerita una sanción administrativa señala la ley contra los conflictos de interés en el sector público.

Marisol Espinoza, en su calidad de directora general de administración de Congreso se encargará del gasto presupuestal 2023 superior a los 400 millones, un motivo para la celebración de su cumpleaños número 56.