Ser o no ser

Próximo a cumplir 65 años, AP continuará siendo el partido democrático, nacionalista y revolucionario como fue la inspiración de su fundador y líder, es la gran interrogante.
La perdedora cúpula dirigencial de Acción Popular ante el liderazgo de Yonhy Lescano intenta seguir haciendo de las suyas en base a su desprestigiada mayoría numérica de delegados plenos actuales. Solo la movilización de los militantes evitará su inminente suicidio político.
14 de mayo del 2021
Escribe: Arístides Alvarez
Tras las elecciones generales del 11 de abril, Acción Popular programó el desarrollo de un Plenario Nacional Extraordinario con la siguiente agenda: informe del Comité Nacional Electoral (CNE), la aprobación del cronograma del proceso de elecciones internas dirigenciales y el reemplazo del registrador nacional.
La fecha establecida fue el sábado 1ro. de mayo y contó con la participación de no más de veinticinco miembros plenos con voz y voto, constituido por los integrantes del Comité Político o ex secretarios nacionales, congresistas, gobernadores regionales y alcaldes en ejercicio, además de los representantes de las ex Cámaras de Diputados y ex Senadores de la República.
Las tres cuartas partes de los miembros plenos de la organización partidaria conformados por la dirigencia nacional (CEN), departamental, provincial y distrital, están ausentes y no han sido elegidos desde el 2018 motivada por la sorpresiva renuncia del entonces secretario nacional Edmundo del Aguila Herrera, quien para no mellar su imagen de novel congresista elegido durante la candidatura presidencial de Alfredo Barnechea en el 2016, blanqueó su decisión mediante un carta de renuncia pretextando dar un paso al costado para no obstaculizar la inscripción de los candidatos ganadores en las elecciones regionales y locales de ese año. El efecto dominó dejó al partido acéfalo de dirigentes a nivel nacional hasta hoy.
Pero, el fondo del asunto fue la negativa del entonces CNE (presidido por Uriel García, e integrada por Carlos Bazán y Fernando Arias Stella) y la suya, al pedido del JNE de entregarle el padrón nacional completo del 2017 con el cual había resultado elegido Del Aguila, solicitado a su vez por un juez del Callao que había iniciado un proceso por el presunto delito de fraude entablado por los militantes chalacos que denunciaron la suplantación de treinticuatro personas que “no figuraban en el ROP”. Gustavo Acurio, militante y abogado recuerda que casos similares ocurrieron en Chimbote, Huaraz, Arequipa, Cusco y Puno, pero que lamentablemente no se judicializaron.
El 7 de octubre, AP obtuvo un pírrico éxito electoral con Jorge Muñoz como alcalde de Lima y el efecto “arrastre” logró hacer ganar las importantes comunas distritales y tres gobiernos regionales, principalmente, sumado a la fortaleza del factor “marca” (la lampa).

La farsa afiliación de Jorge Muñoz, quién nunca mostró la copia de su ficha. Después, les dio a sus padrinos un portazo en sus narices.
LOS ELEGIDOS
Los “elegidos” habían previamente resultado ser los ganadores de las elecciones internas del 6 de mayo, casi todos vinculados a la cúpula limeña liderada por Raúl Diez Canseco (RDC) y a sus fieles operadores, Edmundo Del Aguila padre e hijo, teniendo como ventaja el control de dos órganos fundamentales: el CNE y al Registrador Nacional, Alonso Tenorio, asegurando el proceso eleccionario a nivel nacional y el fichaje express de sus adeptos. Arias Stella (después elegido Personero Legal Nacional) y Tenorio se hicieron funcionarios de la municipalidad de Jesús María, donde continuaron realizando sus tareas partidarias con aval del alcalde Jorge Quintana, del círculo de Barnechea.

Imaginativas formas de protesta de la militancia en las redes sociales.
El resultado general de esas elecciones internas fue un sinnúmero de apelaciones, denuncias, quejas, reclamos y hasta desafiliaciones a causa de las graves irregularidades y evidenciados casos de fraude en varias circunscripciones gracias a la complicidad e intervención directa de los comités electorales departamentales y sus personeros a favor de cuestionados “invitados” como la ex alcaldesa de Chim Pum Callao, Patricia Chirinos, el conocido tránsfuga, vacado alcalde y ex candidato del fujimorismo Miguel Angel Bartra Grosso como candidato a la alcaldía de Chiclayo, el ahijado de éste, el ex militante de Somos Perú y operador del Grupo Oviedo, Carlos Peña Becerra, o al militante y cuestionado ex alcalde provincial de Ferreñafe, William Cabrejos Requejo. Felizmente, ninguno logró formalizar su candidatura debido a la valiente lucha interna de los militantes chalacos que lograron la renuncia de la inscrita candidata Chirinos, o a la justicia divina como resultó en los otros. Bartra, sorpresivamente recibió la traición del entonces secretario departamental de Lambayeque, Edgard Cayotopa, al negarse a inscribir hasta el último día a doce de sus ahijados-candidatos cuyo caso fue apelado al JNE que ratificó la improcedencia. Igual suerte corrió Cabrejos, pues jugó en su contra el tener procesos judiciales de peculado, falsificación de documentos y corrupción, por lo que se desestimó su inscripción. Bartra también quedó fuera de carrera. El JNE, además señaló que la lista de regidores había sido adulterada y no se trataba de simples omisiones de firmas o huellas digitales como había manifestado a la prensa chiclayana. En Lima, Arias Stella intentó ante el JNE defender lo indefendible pese a lo corrupto y delictivo de los casos. En paralelo, las apelaciones de los candidatos agraviados no fueron respondidas o declaradas improcedentes o archivadas por el CNE con resoluciones, incluso contradictorias y sin mayor sustento legal, que llevaban las firmas de Uriel García y Carlos Bazán en la mayoría de casos. Evidencias y testimonios apuntan que dichos documentos fueron elaborados en el despacho del congresista Edmundo del Aguila a través de sus empleados-militantes Pablo Ingunza y Antonio Gordillo con la colaboración de la militante y abogada Jheydi Quiroz, entre otros. Mientras que por cuenta propia, el integrante del Comité Político, Edmundo del Aguila, padre, a sola firma “apadrinaba” la designación de “candidatos invitados” hasta del nivel regional. En esa oportunidad, al preguntársele telefónicamente sobre la veracidad de un documento en ese sentido, que llevaba su firma y circuló por las redes sociales, nos respondió matonezcamente: “¡Cuál es el problema!”.

Resolución del 28 de abril del 2018 del CNE a favor de Bartra con extrañas firmas. Señala increíblemente que su tachador no pagó los 500 soles . Entonces, ¿cómo llegó la apelación a ellos?
¿LEALTAD O TRAICIÓN PARTIDARIA?
Gran parte de los señalados pertenecen al grupo conocido como “Los pollos”, en alusión a RDC, a quien deben “lealtad” por haber resultado beneficiados cuando fue vicepresidente y ministro de Estado del gobierno de Alejandro Toledo. Raúl renunció al partido estando vivo Fernando Belaunde Terry. Fundó sin suerte el partido político “El pueblo emprende” con anunció público en Tacna. Intentó volver a AP pero el entonces secretario nacional Mesías Guevara le negó la inscripción con justa razón: haber cometido traición según el estatuto partidario. RDC volvió a ser militante cuando Alan Kessel ocupó la secretaría nacional. Y una vez dentro, apoyó económicamente a Edmundo del Aguila, hijo, como candidato a la alcaldía de Lima y después para ganar la secretaría nacional. Señalan que él llevó al partido al aprista Alfredo Barnechea que contó con el aval de Vitocho García Belaunde y Javier Alva Orlandini, y finalmente, a Muñoz.

RDC tomó el control de AP a través de Edmundo del Aguila Herrera.
LA MAQUINARIA
Con esta maquinaria y sin nadie que los detenga, la cúpula limeña se preparaba para ganar las próximas las elecciones internas del 2019 y controlar la totalidad del partido, pero el intempestivo cierre del Congreso del 30 de setiembre por el presidente Martín Vizcarra los obligó a cambiar de objetivo. Entonces, la direccionaron para que los funcionarios de confianza de los alcaldes compuesta por “nuevos” y antiguos militantes serviles, ganen las elecciones internas. Y así ocurrió. En Lima, Los números 1 y 2 fueron la ex gerente de Jesús María, Mónica Saavedra, y la esposa del alcalde de San Martín de Porres, Leslye Lazo. Le siguieron, Walter Rivera, empleado del alcalde de Ate, Edde Cuéllar, y ambos del antecesor alcalde camaleón Oscar Benavides. Antonio Gordillo ha sido el personero legal de las electas autoridades de Ate, inclusive del virtual congresista Jorge Arriola, también funcionario municipal. El número 4 fue Luis Roel, hijo de Liliana Alva y nieto de JAO. Alva mamá fue la número 2 del CEN de Del Aguila Herrera y encargada de la juramentación de los comités electorales departamentales sin poner de conocimiento a la militancia. Del interior del país, figuran el actual congresista de Pasco y cuestionado presidente de la Comisión de Transportes, Luis Carlos Simeón, ex militante aprista, y el parlamentario por Ancash, Otto Guibovich, ex comandante general del Ejército durante el gobierno del cobarde suicida Alan García, e íntimo amigo de Barnechea.
GOLEDA
En las elecciones internas del 29 de noviembre del 2020, la cúpula limeña perdió. El goleador fue Yonhy Lescano, ex congresista en cuatro periodos consecutivos y ex secretario nacional que recibió el respaldo de más del 70% de los votos de la militancia a nivel nacional en tiempos de pandemia. Obtuvo 14, 159 votos. El gran derrotado fue el disuelto congresista Edmundo del Aguila, hijo, quien se inmoló a nombre de la cúpula limeña después de las sorpresivas renuncias de Alfredo Barnechea cuya candidatura contó con el apoyo de los alcaldes de SMP y Jesús María (Julio Chávez y Quintana), y de RDC, éste antes de la inscripción. Edmundito obtuvo apenas 6, 376 votos. El CNE no participó en el proceso electoral. Lo hizo la ONPE según la reformada ley. Resultó fatal para los tramposos.

Lescano dando inicio a su campaña el 4 de enero en el norte chico de Lima (Huaral). Contó siempre con el apoyo de Beto Velarde, algunos candidatos y la militancia. Foto: Réplica.
Lescano, integró a su fórmula presidencial al abogado y empresario Beto Velarde, ex regidor metropolitano, ex secretario nacional y miembro del Comité Político, alumno de Fernando Belaunde y discípulo de Valentín Paniagua; y a Gisela Tipe, una corajuda enfermera ayacuchana de a pie. Convertido en candidato presidencial y nuevo líder de Acción Popular, pidió al Comité Político el reemplazo y nombramiento de los representantes de importantes órganos eleccionarios antes de iniciar su campaña por el Perú: del personero legal nacional, Arias Stella, del administrador, Rolando Velasco, y el nombramiento de Tesorero Nacional a Francis Sandoval, una reconocida militante y contadora pública. El pedido fue aceptado unánimemente pero nunca se cumplió. El secretario nacional encargado por disposición del JNE, Alan Kessel, pretextó la eficiencia funcional de los eludidos. La realidad, lo desmiente contundentemente: Arias Stella nunca apareció ni cumplió. Delegó sus funciones a la raúlista abogada Marina Vásquez y ésta a Antonio Gordillo, quien se encargó del procesamiento de las hojas de vida y la inscripción virtual ante el JNE de los candidatos a nivel nacional. Los jurados electorales especiales observaron varias listas, las declararon inadmisibles en primera instancia, como sucedió con la lista de Lima porque simplemente los “candidatos-empleados del sector público” no habían adjuntado sus solicitudes de licencias sin goce de haber, y varias candidaturas quedaron excluidas e improcedentes. Sin embargo, insólitamente, Edmundo del Aguila, padre, en el plenario del 1ro. de mayo ha pedido que el CNE le pague a Gordillo por su “gran apoyo profesional” y a los vicepresidentes de la fórmula de Barnechea se les devuelva sus cuotas de inscripción porque “ellos nunca fueron informados de su renuncia”. Tampoco debemos olvidar que la cúpula limeña desconoció el acuerdo del Plenario que aprobó por unanimidad la no postulación de los regidores, alcaldes y congresistas en ejercicio. Los últimos, burlando la ley, lo hicieron al Parlamento Andino. Además, de Lazo, estuvieron Saavedra y Simeón que después renunciaron, y Yessy Fabián que terminó excluida.
ILEGALIDADES
A pesar que el primer punto de la agenda del Plenario Nacional Extraordinario no era debatible, acaparó a sus participantes en una discusión inútil durante el día, y luego designó al tesorero nacional. El evento se suspendió hasta el 4 de mayo.
Efectivamente, el plenario había designado al caballazo a Alfredo Arsenio Pasco Malpica como tesorero nacional, militante desde el año 2011, subgerente de Salud y Bienestar Social de la municipalidad de Breña y declarado improcedente candidato 12 al Parlamento Andino. Y según la SUNEDU, es bachiller en Ciencias Contables por la Universidad de Lima y contador público por la Universidad Alas Peruanas. Según versiones es íntimo de Edmundo del Aguila Herrera, quien es bachiller en economía por la Universidad de Lima y bachiller y licenciado en educación por la Universidad San Ignacio de Loyola, de RDC. El acto es ilegal en forma y fondo: su designación no era parte de la agenda del plenario extraordinario y debía ser propuesto por el secretario nacional (Art. 159 del estatuto), dirigente que no tiene AP como lo ha señalado el 28 de abril el JNE a través de la Resolución N° 0471-2021-JNE publicado en el diario El Peruano que declaró infundado la apelación presentado por Arias Stella en la inscripción de Pasco Malpica suscrita por Kessel porque el cargo de éste venció el 9 de diciembre del 2015 y su prórroga concluyó el 22 de diciembre del 2020 y fue aplicable sólo para la elección e inscripción de candidatos en las elecciones generales del 2021.
El 3 de mayo, el presidente del partido, Mesías Guevara Amasifuén, comunicó por escrito a la vicepresidenta, la ex senadora Bertha Arroyo de Alva, su inasistencia en la dirección del plenario del día 4, programada para las 9 a.m., por estar prohibido de realizar actividades partidarias en horarios de trabajo dado su condición de servidor público y que alcanza a las autoridades de elección popular a tiempo completo. El martes 4, el ex secretario departamental de Lima y ex candidato al Congreso, Juan Gálvez, difundió en su facebook una comunicación interna, al estilo “el chat de la botica fujimorista”, de la bancada de Acción Popular donde el renunciante ex presidente de la República por cinco días, Manuel Merino De Lama, mismo capataz ordena “apoyar la (elección) de (una) comisión para evaluar el adeudo de cuotas de inscripción y los gastos del comité (electoral) y postergar todos los temas para el próximo plenario y quedar pendiente aprobar la convocatoria a elecciones internas y el cambio del registrador”, e indica que la propuesta la hará (el congresista) Simeón. Mientras que un despistado Guibovich pregunta: ¿Qué se acordó para mañana?. A qué registrador vamos a apoyar?. Y el vocero parlamentario, Franco Salinas, escribe: Adelante!!, en señal de aprobación. Merino ni ninguno de los involucrados han desmentido esta contundente evidencia. Gálvez ha calificado el hecho como “la dictadura de los alcaldes y congresistas”. Según rumores desde el Congreso de la República los probables candidatos a Registrador Nacional serán Pablo Ingunza y Jimmy Oliva.

Chat de vergüenza ajena donde sus protagonistas demuestran que no tienen sangre partidaria. Foto: Facebook.
Los millonarios recursos económicos que debe recibir AP por la ley de financiamiento de los partidos políticos es la torta que a muchos les hace agua la boca.
¿CONSIGNA CUMPLIDA?
El 8 de mayo, el pleno del CNE emitió el Comunicado N° 002-2021/CNE-AP donde puso en conocimiento de la militancia que Edmundo del Aguila Morote presentó una cuestión previa exigiendo debatir durante el plenario del 4 de mayo, los alcances de una reciente resolución del JNE que pide a los partidos políticos actualizar sus reglamentos y estatutos e inscribirlos, al que se opuso por no ser parte de la agenda y su cumplimiento debía ocurrir en un próximo plenario. El documento lleva las firmas de su presidenta, vicepresidente y secretaria, Doris Guerrero, Pedro Villa y Cristina Tinoco, respectivamente.
La leguleyada tiene como claro propósito seguir manejando al filo del abismo a la organización, dilatar la realización de las elecciones internas, ganar tiempo para seguir designando, nombrando o ratificando a sus peones en cargos claves y el relevo de la presidenta del CNE por Marina Vásquez, y forzar una reforma estatutaria que “elija” a un secretario nacional encargado que responda a sus intereses personales.
Al respecto, Beto Velarde hace la siguiente mención: “Vergüenza ajena de aquellos que sostienen sus liderazgos con el tesoro público, fondos municipales y del Congreso. Eso es una de las causas que llevó a otros partidos tradicionales a la situación de desprestigio y pérdida de inscripción, pero que además alquilan sus ´capacidades partidarias´ al mejor postor como lo hemos visto en las elecciones internas de candidatos al Congreso, especialmente por Lima, y la disputa abierta para controlar a los personeros departamentales en todo el país”.
GUERRA EN SEGUNDA VUELTA
Fue notoriamente visible que la cúpula limeña y sus peones petardearon interna y externamente la campaña del candidato presidencial Yonhy Lescano. En el frente externo contaron con la ayuda de la prensa controlada por los grupos económicos del Perú y a la que pertenece RDC por vínculos empresariales y familiares.
La guerra interna continúa. Con uñas y dientes, RDC, Vitocho y demás defienden el modelo económico de la Constitución fujimorista de 1993 sustentada en el monopolio y el mercantilismo de los servicios públicos básicos: salud, educación, empleo, seguridad e infraestructura; ello obliga al nuevo presidente hacer una reforma o cambio sustantivo del arcaico sistema del Estado, que significa la pérdida del privilegio del sector privado de hacer negocios millonarios a unos pocos. En particular, la USIL de RDC ha sufrido un revés en el Tribunal Constitucional que declaró improcedente su demanda de amparo para que se le reconozca la prórroga a una exoneración tributaria del año 2001 ascendente a S/. 8’784,677.00. de soles. No es coincidencia entonces que el congresista por San Martín, Rolando Ruiz, en su calidad de presidente haya revivido la cuestionada comisión de nombramiento de magistrados del TC.
El próximo 15 de mayo, AP desarrollará un plenario para decidir si brindará apoyo político a alguno de los candidatos de la segunda vuelta, Pedro Castillo o Keiko Fujimori, o a ninguno, como lo ha expresado Lescano y Velarde. Ambos, coinciden en el voto viciado o de protesta, dado que ninguno de los dos representa una garantía democrática para el Perú. Sus antecedentes delictivos por lavado de activos, corrupción, narcotráfico y terrorismo, y los anunciados indultos al dictador Alberto Fujimori y al asesino de policías Antauro Humala, es cosa seria y a tener en cuenta. Lescano ha recordado que la posición histórica partidaria es ni a la derecha ni a la izquierda, y más, si son extremistas. Y no deja de tener razón. Ejemplos de excesos presidenciales en ambos sentidos son Trump (EE.UU), Bolsonaro (Brasil), Obrador (México), Ortega (Nicaragua), Maduro (Venezuela).
En resumen, Acción Popular debe seguir ejerciendo una política de oposición política responsable y vigilante de la democracia y la gobernabilidad del país.
Entre tanto, los títeres siguen en movimiento. Kessel ha aparecido el 12 de mayo en un video usurpando el título de secretario nacional en un mensaje de rechazo a la ofensa del fundador de Patria Libre contra Belaunde donde descaradamente induce a la militancia a votar por la Señora K. Tres días antes, a través de una nota de prensa, Lescano y Velarde habían condenado la cobarde injuria de Vladimir Cerrón. A río revuelto ayer Barnechea salió a robar cámaras con el guión: “Entre usted (Cerrón) y su partido y su candidato (Pedro Castillo) no tenemos nada en común”…
La militancia está advertida.