Fiscalía anticorrupción investiga a altas autoridades de la UNFV
15 de abril del 2021
Escribe: Arístides Alvarez
El Ministerio Público ha iniciado una investigación preliminar contra altas autoridades académicas de la universidad nacional Federico Villarreal para determinar su participación y/o complicidad en las irregularidades administrativas y delitos penales cometidos en el desarrollo del Concurso de Contratación Docente 2020.
Así lo señala la Disposición N°1 del Quinto Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa de Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, sobre el inicio de las diligencias preliminares de investigación contra el rector Juan Oswaldo Alfaro Bernedo, el vicerrector Víctor Manuel Pinto de la Sota Silva, el jefe de la Oficina de Control Interno de la UNFV, Paulino Antonio Donaire Chávez, y el jefe de la SUNEDU, Oswaldo Delfín Zegarra Rojas. Ellos, tuvieron conocimiento por escrito y a través de REPLICA de las graves irregularidades y no adoptaron las medidas correctivas para evitar la consumación de los hechos.
Los principales investigados pertenecen a la Facultad de Ciencias Sociales y son: el aun Director Académico de Ciencias de la Comunicación, Pedro Saturnino Peña Huapaya, la ex Directora de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, Marina Luz Orellana Marcial, la Directora de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales, Eulalia Jurado Falconí y ex presidenta de la Comisión Evaluadora del Concurso Docente 2020 de esa facultad, y su decana Durga Edelmira Ramírez Miranda.
Asimismo, figuran los docentes nombrados Nancy Olivero Pacheco y Juan Sandonás Milla, en su calidad de integrantes de la Comisión Evaluadora del Concurso Docente en la Facultad de Ciencias Sociales. Olivero pertenece a la Facultad de Educación y no tiene el Grado de Maestro según la SUNEDU.
DELITOS GRAVES
A todos, se les imputa la presunta comisión de los delitos contra la administración pública en la modalidad de concusión, cobro indebido, colusión simple y agravada, patrocinio ilegal, cohecho activo genérico, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo y tráfico de influencias.
Además, los presuntos delitos conexos de: estafa, administración fraudulenta, usurpación de funciones, abuso de autoridad, nombramiento indebido del cargo, omisión de denuncia, fraude procesal y falsedad genérica.
Siendo -de todos ellos- la máxima pena de 6 a 15 años de cárcel e inhabilitación de la función pública y pago de multa.
El plazo de la investigación es de 90 días y está relacionada a las irregularidades administrativas y penales cometidas durante el Concurso de Contrato Docente 2020 en la UNFV, principalmente en la Facultad de Ciencias Sociales.
La titular del Quinto Despacho, Karla Mercedes Zecenarro Monje, ha dispuesto como actos de investigación que se reciba la declaración testimonial de los profesores que resultaron ganadores en el concurso de contratación docente de dicha facultad, que paradójicamente varios de ellos eran a la vez alumnos de Peña en la modalidad de segunda especialización en la misma facultad que realiza la Unidad de Posgrado que dirige Jurado: Juan Carlos Antón Llanos, hijo del decano de la Facultad de Administración, José Luis Bezada Zavala y Javier Aurelio Cabello Candela. Otra ganadora fue Gladys Olortegui Mariño, posteriormente retirada del dictado de clases por tener maestría no relacionada a la especialidad de ciencias de la comunicación. También resultó ser ganadora en la categoría de doctor Lily del Pilar Palomino Paz, quien recientemente había aprobado su tesis doctoral y su grado no figuraba registrado en el SUNEDU. Finalmente, la ganadora en todos los concursos de contrato, Ana Terrones Silva, actual funcionaria y jefa de comunicaciones de la universidad.
Asimismo, la fiscal ha oficiado a la UNFV le remita copias certificadas de las resoluciones para acreditar el vínculo laboral, hojas de vida e informe de los cargos que han ocupado los denunciados, informe sobre las etapas del procedimiento del referido concurso, copias certificadas del expediente administrativo completo del concurso de contratación docente de la Facultad de Ciencias Sociales, informe de las plazas, requisitos, experiencia profesional y laboral de los postulantes, los cargos académicos de los denunciados, la designación y conformación de la comisión evaluadora, entre otros.
ANTECEDENTES
Conforme denunció REPLICA el desarrollo del concurso de contratación docente 2020 en la UNFV se interrumpió el 16 de marzo por la pandemia del COVID-19. La resolución rectoral N° 7300-2020-CU-UNFV había dispuesto del 11 al 17 de marzo publicar, difundir las plazas, realizar la inscripción de los postulantes y la recepción de los expedientes en las 18 facultades. La Facultad de Ciencias Sociales, del 11 al 13 de marzo, incumplió con lo ordenado por la universidad.
Sin embargo, el 8 de abril, Peña revivió de manera irregular el concurso al interior de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, cuando a través del grupo wasap DACCOM “Docentes Contratados” conformado por 19 docentes del año 2019, informó de su designación como Director de la Escuela de Ciencias de la Comunicación por Durga Ramírez en reemplazo de Orellana. Les solicitó y recepcionó sus CVs scaneados para la selección y prelección de docentes a ser contratados en el 2020, ofreció plazas, capacitación docente virtual e indicó como fecha límite de la entrega de los CVs a ser remitidos a su correo institucional (ppena@unfv.edu.pe) el sábado 11 de abril y que el domingo 12 invitará a otros docentes para cubrir las plazas faltantes. El día 13 concluyó con el siguiente mensaje: “Estimados colegas les comunico que el día de mañana eliminaremos a los docentes que no son postulantes de esta lista”…
Pedro Peña, eterno presidente de los Jurados de Sustentación de Tesis en la Escuela de Ciencias de la Comunicación sin ser de la especialidad. Foto: facebook.
Según el estatuto u otras normas vigentes de esa universidad, ningún director académico o director de escuela de cualquier facultad tiene atribuciones para invitar o convocar, seleccionar a docentes para su contratación ni ofrecer plazas.
La designación de Peña como Director de Escuela también fue irregular porque no se formalizó mediante resolución decanal y aprobación del consejo de facultad, sino a través de un oficio firmado por Durga Ramírez.
Paralelamente, Peña ofrecía sin tapujos «asesorías» de tesis a través de su consultoría privada. Se hacía llamar «Dr. Tesis». El vergonzoso conflicto de interés es evidente.
Además, se descubrió que el docente nombrado Peña Huapaya no cumple con los requisitos para ser Director Académico ni Director de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, pues es bachiller y licenciado en economía, es decir no es de la especialidad según lo establece el Art. 46 del Reglamento UNFV. Empero, ostenta el grado académico de Maestro en marketing y negocios internacionales por la UNFV (carrera se enseña en la Facultad de Economía), y el grado de doctor en psicología por la Universidad Alas Peruanas según información de la SUNEDU. No es profesor principal sino asociado. No ha sido elegido como director académico. El plazo es de 2 años en ambos cargos. No cumple con el requisito de tiempo completo dado que es profesor en otras universidades privadas según información propia consignada a la DINA- Concytec.
Igualmente, ha ocurrido con la designación de su antecesora, Orellana Marcial. Ella incumplía los requisitos establecidos por la universidad dado que como docente nombrada no ostenta el grado académico de Doctor, no es profesor principal sino auxiliar y con dedicación a tiempo parcial.
Mientras que la docente nombrada Eulalia Jurado Falconí tampoco cumple con los requisitos para ser profesora de la Facultad de Ciencias Sociales y no era idónea para presidir la Comisión Evaluadora de Contratación Docente, pues es Bachiller en ciencias con mención en economía y con título profesional de ingeniero en economía, doctora en contabilidad y finanzas por la USMP (donde también es docente conforme su hoja de vida), y sin registro del Grado de Maestro, según información de la SUNEDU.
Según fuentes confiables, todas estas irregularidades fueron denunciados en su momento a la decana de la Facultad de Ciencias Sociales, pero no hizo nada, y por el contrario, las avaló. Además, de haber negado información de los mencionados docentes solicitada al amparo de la ley de transparencia pública.
La SUNEDU también informa que la decana de facultad Durga Ramírez no registra sus grados académicos de bachiller y de licenciada.
Decana de Ciencias Sociales, Durga Ramírez, tiene mucho que explicar sobre las irregularidades y consumación de los delitos que investiga la fiscalía anticorrupción.
CONSUMACIÓN DE HECHOS
El 3 de julio del 2020, la universidad reinicia el concurso de contratación docente 2020 en la modalidad virtual y establece un link de inscripción de postulantes en la página web institucional y de acceso a las plazas por cada facultad. El plazo era del 6 a 8 de julio. En el caso de la Facultad de Ciencias Sociales que comprende a las Escuelas Profesionales de Sociología, Trabajo Social y Ciencias de la Comunicación el número de plazas eran 35. Y en la UNFV el total ascendía a 873.
El 14 de julio el encargado directo de la organización, supervisión y control del concurso, el vicerrector académico De la Sota Silva, emite el Comunicado N°26 señalando que cinco facultades, entre ellas Ciencias Sociales, no habían cumplido con instalar sus Comisiones Evaluadoras por razones de salud y personales. El 21 de ese mismo mes, De la Sota emite el Comunicado N° 27 indicando en el numeral 3 que se respetará la postulación de quienes presentaron sus expedientes durante la “Primera convocatoria”, y en el numeral 4 señalaba que del 23 al 25 de julio se colocará en la página web una sección exclusiva para la inscripción de los interesados (postulantes) en esta “Segunda convocatoria” siendo el plazo de cierre las 4.30 p.m.
Lo real, en el caso de la Facultad de Ciencias Sociales, es que en esta “Segunda convocatoria” ninguno postulante pudo inscribirse porque extrañamente no existió el enlace virtual con los códigos de acceso a las plazas, y en la “Primera convocatoria” la gran mayoría de postulantes tampoco pudieron inscribirse porque la conexión se interrumpía al momento de adjuntar sus carpetas en PDF, según testimonios recogidos.
Contundente evidencia del concurso docente tramposo. En varias facultades, entre ellas Ciencias Sociales, no hubo acceso para la inscripción de postulantes en la Segunda Convocatoria. Foto: captura UNFV.
Sin embargo, la presidenta de la comisión evaluadora, Eulalia Jurado, comunica el 29 de julio, mediante el Oficio N° 002-2020-CCD-FCCSS-UNFV a la decana de la facultad el cronograma de la clase magistral de 21 postulantes, sin haber previamente publicado la lista de postulantes inscritos (en la primera y segunda convocatoria) del concurso. El documento, además, llevaba las firmas de sus dos integrantes, los profesores Olivero y Sandonás. Dicha comisión actuó sin resolución decanal de nombramiento.
Del 31 de julio al 02 de agosto, la comisión lleva a cabo la clase magistral de los postulantes con apariencia de transparencia mediante su difusión a través de una cuenta de Facebook con el nombre de “Facultad de Ciencias Sociales UNFV”, con foto de la decana que aparece flanqueada por el pabellón nacional y el pabellón de la UNFV. Dicha cuenta había sido recientemente creada y era completamente desconocida por la comunidad villarrelina. La foto de Durga Ramírez y los enlaces de las clases magistrales han desaparecido.
El 6 de agosto, se publica la relación de 14 postulantes ganadores del concurso de contratación docente, 7 de ellos, alumnos y docentes amigos de Peña Huapaya.
Estas graves irregularidades y presuntos delitos penales se habrían perpetrado en otras facultades como en administración, donde resultó nuevamente ganador el doctor Juan Antonio Antón de los Santos, el hermano del decano; así como en derecho; entre otros. Los constantes vicios habrían convertido el concurso de contratación docente en ilegal.
SOSPECHOSA ACTUACION FISCAL
La apertura de la investigación fiscal contra las altas autoridades académicas de la UNFV y otros, se dio el 23 fecha de noviembre del 2020 por denuncia de parte y luego de reiteradas quejas dirigidas a la OCMA y la Fiscal de la Nación, dado que la denuncia presentada el 22 de abril al Ministerio Público fue derivada a la 17, 50 Fiscalía Penal respectivamente y finalmente al Quinto Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima (el 15 de setiembre), sin tener noticias.
El 28 de diciembre, la parte denunciante recién tomó conocimiento de la apertura de la investigación preliminar contra los denunciados por la propia fiscal titular Zecenarro tras reiteradas solicitudes de cita virtual. La información fue escasa y obtenida a cuenta gotas. Pretextó no haber notificado al denunciante porque, según ella, el único agraviado era el Estado. Fue refutada, dado que la parte denunciante había presentado el 12 de octubre ante su despacho una ampliación de denuncia y solicitud de ser declarado agraviado, puesto que tras la finalización del concurso en la Facultad de Ciencias Sociales y en su condición de postulante con inscripción formal y confirmación a su correo electrónico de parte del sistema informático de la UNFV no fue considerado como tal por la Comisión Evaluadora presidida por Jurado. Sobre ésta hay que agregar que luego de conocer que RÉPLICA publicó este caso, se “victimizó” ante el subprefecto de Comas denunciando al autor de la información periodística y solicitó garantías a favor de su persona. Similar y cobarde amenaza de amedrantamiento la había iniciado el investigado Peña a través de una carta notarial que denunciamos públicamente en su oportunidad. Las acciones de Peña y Jurado constituyen delito de violación a la libertad de expresión (Art. 169 del Código Penal). Volviendo a Zecenarro, dijo que el caso es investigado por la fiscal adjunta Katherine Damián (Sanandre).
Fiscal titular anticorrupción Zecenarro Monje. Tiene un historial de cal y arena en sus investigaciones.
El 26 de enero del 2021, a las 3.pm., se programó la declaración de la parte denunciante, en la modalidad virtual. Ese día, no apareció la fiscal Damián sino el fiscal adjunto Tomassine Jhon Tomasto Medrano. Sin embargo, el primero que apareció en pantalla fue Uriel Fernando Paxi Garnica, a quien Tomasto presentó como procurador del Estado, además de la presencia de un sinnúmero de invitados, sobre quienes dijo que se trataban de los abogados defensores de los denunciados y basado en una “petición”. Entonces, la parte denunciante le preguntó que señale la norma, Paxi habló en su defensa diciendo que lo establece el nuevo Código (Procesal) Penal, pero al replicarle que especifique la base legal y diera lectura de la disposición fiscal que lo autorizaba, Tomasto solicitó un cuarto intermedio para ir en consulta a la Fiscal Superior y a su retorno no aclaró nada por lo que propuso la reprogramación de la declaración.
Complaciente Fiscal adjunto Tomasto Medrano con sus colegas y abogados de los denunciados. Presentó a Paxi como procurador del Estado cuando no lo es.
El 1 de marzo, el fiscal adjunto Israel Alexis Ocaña Velásquez, firma la Disposición 03 denegando a la parte denunciante ser considerado como agraviado, desconociendo que el Inc. 1 del Art. 12 Ejercicio alternativo y accesoriedad del nuevo Código Procesal Penal señala: “El perjudicado por el delito podrá ejercer la acción civil en el proceso penal o ante el Orden Jurisdiccional Civil”. (…), y el 3 del Articulo IX Derecho de Defensa: “El proceso penal garantiza, también, el ejercicio de los derechos de información y participación a la persona agraviada o perjudicada por el delito. (…)
El 25 de marzo, a las 3 y 30 p.m. la fiscalía fijó la fecha de reprogramación de la declaración de la parte denunciante, en la modalidad virtual, pero grande fue su sorpresa encontrar en la pantalla a un desconocido quién dijo ser el abogado de la SUNEDU (Criss Torres). Y al ser cuestionado Tomasto nuevamente sobre la presencia del abogado y de otros invitados, entre ellos el estudio de abogados Alvarez Dávila, dijo que la parte denunciada la había solicitado amparada en el Art. 84 (Derechos y deberes del abogado defensor) del nuevo Código Procesal Penal, cuando no es verdad. De los sus 10 numerales, el Inc. 4, señala: Participar en todas las diligencias, excepto en la declaración prestada durante la etapa de investigación por el imputado que no defienda. Además, una diligencia es un concepto jurídico que no corresponde a la declaración (del DENUNCIANTE) y según praxis en las investigaciones de carácter penal, y corresponde únicamente al derecho de las partes en el debido proceso, cómo por ejemplo: una inspección ocular, una reconstrucción de los hechos, etc. En conclusión, el Inc. 4 tampoco le otorga ese derecho a la defensa de los denunciados.
A contra luz, Tomasto no garantiza una imparcial investigación fiscal y debe ser apartado del caso. A su lado, abogado de la SUNEDU que no hizo nada para detener el fraude del concurso docente villarrelino.
¿Por qué Tomasto permite que los abogados de los investigados estén presentes en la declaración de parte contra los denunciados?. El acceso virtual implica a escuchar y a grabar (y quizá hacerle preguntas al denunciante). Tomasto por segunda vez no ha respondido a quién representa el estudio de abogados Alvarez Dávila ni el sinnúmero de invitados.
Asimismo, la parte denunciante le hizo recordar a Tomasto que el 26 de enero había afirmado que Paxi Garnica era el procurador del Estado, pero que no existía ninguna información pública sobre su nombramiento como tal. Tomasto negó haber dicho eso.
Finalmente, la parte denunciante le manifestó que ante la falta de transparencia, objetividad y legalidad de su actuación como fiscal no había condiciones para declarar ante él.
Su actuación es irregular, sospechosa y tiene visos de una celada intimidatoria contra la parte denunciante, y ha demostrado el incumplimiento de sus funciones como fiscal responsable de perseguir el delito y sancionar a los responsables del robo a los recursos públicos a través de un concurso de contratación docente tramposo en la UNFV en tiempo de pandemia.
Nota de redacción:
Existe información pública que señala a Uriel Fernando Paxi Garnica como trabajador de la Universidad Nacional de Altiplano en Puno, quien entregó respuestas del examen de admisión del 2016 a su hermano que tenía la condición de postulante, y por uso indebido del sistema de la RENIEC en su condición de especialista judicial en un juzgado de la Corte Superior de Puno por lo que al haber cometido falta muy grave fue sancionado por la OCMA en el 2018.