Fiscal anticorrupción lanza salvavidas a cuestionado director de colegio
José Manuel Sánchez Bereche celebró aniversario 58 del OCO (2023) sin coordinación de la comunidad educativa del colegio. Foto: Facebook.
Escribe: Arístides Alvarez (*)
Fecha: 23 de mayo de 2024
José Manuel Sánchez Bereche, director del colegio “Octavio Campos Otoleas” del distrito de Pomalca se encuentra en el ojo de la tormenta. El reciente intento de agresión sexual contra un alumno ha sido la gota que ha rebalsado el vaso. Desde el 2020 viene acumulando quejas y denuncias por hechos ocurridos durante su gestión que han afectando la imagen del prestigioso colegio de secundaria.
RÉPLICA encontró la siguiente historia que pinta de cuerpo entero a Sánchez Bereche.
ALQUILER SIN TRANSPARENCIA
El fiscal anticorrupción Julio César Taboada Ramón que investigaba al director José Manuel Sánchez Bereche, por el presunto delito contra la administración pública debido a irregularidades en el alquiler de terreno del colegio a una empresa privada, extrañamente decidió no continuar con la investigación preparatoria.
Apenas habían transcurridos 51 de los 240 días que el mismo Taboada había establecido como plazo cuando decidió iniciar diligencias preliminares contra Sánchez Bereche y los que resultaran responsables de la presunta comisión de delitos contra la administración pública en agravio del Estado a través de la Disposición Fiscal N° Dos de fecha 27 de marzo del 2023, dio un giro de 360 grados.
Tres días antes, Taboada había acogido la denuncia verbal que presentaron ante el Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque, Gladys Mercedes León Salazar, en su condición de presidenta de la Asociación de Ex profesores del colegio “Octavio Campos Otoleas”, y el ex alumno y ex gobernador de Pomalca, César Augusto Ñopo Dávila.
Ambos, señalaron que post pandemia del Covid-19 descubrieron que una parte del terreno sin construir del colegio había sido alquilado a una empresa privada con puerta independiente a la calle tras la demolición de la pared perimétrica del frontis y que usaba los servicios de agua y energía eléctrica en forma clandestina, por lo que le solicitaron en reiteradas oportunidades a Sánchez Bereche les brinde la explicación sobre los términos del alquiler, quién hizo oídos sordos. Era el verano del año 2022.
Prueba fotográfica que demuestran que el área alquilada era mayor y cercada por simples mallas que ponían en peligro la seguridad del colegio y los alumnos. Foto: replica.pe
León Salazar, ex profesora y ex directora del “Octavio Campos Otoleas” (OCO) con 45 años de experiencia en educación secundaria, manifiesta que en la primera oportunidad estando acompañada de Ñopo y otras personas de la comunidad educativa del colegio, le preguntó al director si había solicitado autorización a la UGEL de Chiclayo y su sorpresiva respuesta fue: “que no sabía”.
Aprovechamiento máximo del terreno alquilado hizo la empresa Dayro. Foto: replica.pe
ELEMENTOS DE CONVICCIÓN
Recogidos por el despacho fiscal: Fotografías presentadas por los denunciantes. Ellos, ratificaron su denuncia el 18 de abril del 2023.
El 21 de abril, el fiscal Taboada visitó el colegio “Octavio Campos Otoleas” encontrando como “encargada” de la dirección a la profesora de matemáticas Luz Marlene Gamarra Gil. En la diligencia, el representante del Ministerio Público, halló en el terreno alquilado que comprendía un área de 100 metros de largo por 50 metros de ancho y delimitada con mallas de plástico, una caseta de guardianía y material de construcción consistente en tubos, carretillas, postes de cemento, cables de luz, madera, un vehículo inoperativo, etc. Y, a Henry Jorge Giles Cotera, almacenero de la empresa Dayro, quien manifestó que la luz y agua para el almacén tenían conexión (clandestina) al colegio. También que dicha empresa había ganado la obra municipal denominada “Mejoramiento de redes de media y baja tensión en la radial Pomalca, centro alimentador para el distrito de Pomalca”, siendo alcalde Julio Lazo Pomares.
Sánchez Bereche y cuestionado alcalde Julio Lazo Pomares en inauguración de auditorio del colegio. La obra fue observada por la Contraloría. Vínculo explicaría el motivo del alquiler a Dayro. Foto: Facebook.
Al día siguiente, el personal de la fiscalía volvió al colegio recibiendo de la “encargada” de la dirección, Gamarra Gil, el contrato de arrendamiento con la empresa Dayro Contratistas Generales SRL de fecha 20 de mayo de 2022 y la boleta de venta por 30 soles de la notaria Valdivia Dextre por servicio notarial.
El contrato de arrendamiento entregado en copia, se encuentra suscrito entre Sánchez Bereche en su condición de director del colegio y la empresa Dayro representada por César Quezada Villanueva, señalando los siguientes términos: el área de terreno en alquiler era de 108 mts. X 45 mts., con cerco exterior de material noble para uso de almacén; las partes acuerdan que el arrendatario pagará la suma de 900 soles mensuales y a condición de un mes adelantado y sólo incluye servicio de alquiler; el arrendatario se compromete a compartir el pago de los servicios de energía eléctrica y agua potable según la facturación mensual, siendo el plazo desde el 23 de mayo del año 2022 y cuyo vencimiento será el 23 de marzo de 2023; el arrendador con autorización del arrendatario realizará las adecuaciones correspondientes para cerrar el área del terreno cedido, habilitación de un acceso (portón) e instalación de los servicios de electricidad, agua y desagüe; el arrendatario está obligado a entregar el inmueble en las mismas condiciones.
Portón o puerta a la calle que hizo la empresa Dayro demoliendo el cerco perimétrico del colegio. Sánchez Bereche no ha exigido que el muro sea reconstruido como lo exigía el contrato. Foto: replica.pe
El 26 de abril, el asistente del despacho fiscal da cuenta que se recepcionó vía aplicativo whatsaap de parte de Gamarra Gil, documentación consistente en cinco copias simples de boletas de venta de la I.E. “Octavio Campos Otoleas” (OCO) a favor de la empresa Dayro por S/. 900 soles por alquiler correspondientes a los meses de mayo, junio, julio, agosto y setiembre 2022, suscitas por César Adán Mendoza Santoyo en su condición de tesorero de gestión de los recursos propios.
El 12 de mayo, Sánchez Bereche brinda su declaración ante el despacho fiscal afirmando que la denuncia es falsa dado que existen documentos que sustentan los ingresos por arrendamientos, proyectos productivos o donaciones, los mismos que son administrados por el Comité de Gestión del colegio bajo la responsabilidad de un tesorero y permitido legalmente según el Artículo 11 del Decreto Supremo N°028-2007; además de sostener que no es cierto que no se haya ejercido el control, alcanzará las boletas de ingresos de los pagos y la documentación correspondiente.
Asimismo, Sánchez Bereche hace una revelación: que Dayro mantenía una deuda de siete meses por la suma de S/. 6,300 soles. Sin embargo, pese al incumplimiento reiterado de pagos y en contra de los intereses del colegio, decidió ampliarle el alquiler hasta el 25 de julio del 2023 a través de un segundo contrato, que entrega en copia.
Y, entre la documentación que adjunta, está la siguiente: Copia simple de la boleta de venta de 10 de enero de 2023 de Eventos W.C. a favor del OCO por S/ 100.00 soles por 01 juego de decorado de juego de letras para la clausura del año escolar 2022. Recibo de honorarios electrónico de 24 de enero de 2023 emitido por Víctor Manuel Loconi Arrunátegui a favor del OCO por el servicio de configuración de equipo biométrico por la suma de S/.40.00 soles. Recibo de honorario electrónico de 21 de abril de 2023 emitido por Julio Flores Liza a favor de OCO por el servicio de guardianía y mantenimiento en el turno tarde-mes de enero de 2023 por la suma de S/.600.00 soles. Recibo por honorario electrónico de 28 de febrero de 2023 emitido por Víctor Manuel Loconi Arrunátegui a favor del OCO por el servicio de habilitación de 03 impresoras y 01 PC de escritorio por la suma de S/.80.00 soles. Factura electrónica de 06 de marzo de 2023 emitido por Continental SAC a favor de OCO por papel arcoíris surtido A-4 70 gr. x 500 por la suma de S/. 22,99 soles. Factura electrónica de 06 de marzo de 2023 emitido por Continental SAC a favor del OCO por compra de material de escritorio por la suma de S/.22.99 soles. Recibo por honorarios electrónico de 21 de febrero de 2023 emitido por Julio Flores Liza a favor de OCO por el servicio de guardianía y mantenimiento en el turno tarde- mes de febrero de 2023 por la suma de S/. 300.00 soles.
Además, sendas resoluciones directoriales de reconocimiento del Comité de Gestión del colegio OCO integrado por Sánchez Bereche como presidente, el ex guardián Mendoza Santoyo como tesorero, y las profesoras Marilyn Miluska Malhaber Paico (primaria) y Gerci Rimarachín Centurión (secundaria) en el año 2022, quien en el año 2023 fue reemplazada por la profesora Elizabeth Vílchez Carbonel. Asimismo, un oficio del 09 de mayo del 2023 dirigido al Banco de la Nación solicitando la apertura de una cuenta mancomunada y registro de firmas de él como director y de Mendoza como tesorero, la resolución directoral de la UGEL de Chiclayo del 3 de abril del 2023 de autorización de cuenta bancaria para ingresos y la resolución directoral del 18 de diciembre del 2019 de su designación como director del OCO.
Todo, esto está señalado en la Disposición Fiscal N°02 del 17 de mayo del 2023 de 14 páginas que lleva la firma del fiscal Julio César Taboada Ramón, quién en su análisis jurídico del delito contra la administración pública y considerando que las fiscalías especializadas en delitos de corrupción de funcionarios son competentes para investigar delitos tipificados como concusión, peculado y corrupción que se materializan con conductas que atentan la función o gestión pública, contra los bienes públicos o los servidores públicos, es decir impidiendo que los servicios públicos sean de acceso de los ciudadanos, increíblemente falla que “no existen elementos de convicción” ni indiciarios de la comisión del delito y que sirvan de sospecha para formalizar la investigación preparatoria contra Sánchez Bereche.
DUDAS Y CONTRADICCIONES
El OCO debió recibir la suma total de S/. 13,500 soles de parte de la empresa Dayro por 15 meses de alquiler (mayo 2022-julio 2023) a 900 soles el mes. Sin embargo, el colegio, entre el 2022 y 2023, emitió sólo 05 boletas de venta por ingresos por 05 meses de alquiler con un monto que asciende a S/4,500 soles. Faltando S/. 9,000 soles por ingresos con boletas.
Según la numeración de las 05 boletas emitidas secuencialmente, el OCO emitió o giró 20 boletas entre el mes de mayo y junio, y 42 boletas entre junio y julio, y 209 boletas entre julio y agosto, y 116 boletas entre agosto y setiembre. El director y el tesorero deben explicar cuándo dinero por ingreso recibieron por el total de 387 boletas entre mayo 2022 y abril 2023, la fuente y el concepto.
Sánchez Bereche ha presentado copia simple de una boleta de venta, facturas y recibos por honorarios descritas líneas arriba tratando de justificar gastos con el dinero recibido que asciende a un total de S/.1,165.98 soles, faltando S/. 5,665.98 soles por rendir cuenta. En estos gastos existen también extraños detalles. Haber pagado el 10 de enero de 2023 el servicio de decorado para la clausura del año escolar 2022, el 24 de enero 2023 el servicio de configuración de equipo biométrico (huella digital), el 28 de febrero del 2023 el servicio de habilitación de impresoras y PC, papel y material de escritorio, cuando no había clases. Pagar S/. 600 soles por servicio de guardianía y mantenimiento por un mes y extrañamente la mitad de la suma por el mismo servicio al mes siguiente.
Claramente se evidencia que una parte importante del dinero no habría ingresado al colegio “Octavio Campos Otoleas”, y el hecho sí configura delitos de concusión, peculado y malversación de fondos porque existen no indicios, sino elementos de convicción sobre el uso o utilización de bienes públicos para aprovechamiento personal siendo los autores funcionarios y servidores públicos.
Julio César Taboada Ramón jurando ante Dios y la Biblia como fiscal anticorrupción el 19 de mayo del 2021. En el presente caso, ha incumplido con sus funciones y debe ser denunciado ante la JNJ. Foto: Facebook.
Es increíble que el fiscal anticorrupción Taboada Ramón no ha seguido la ruta del dinero. Justificar la legalidad y funciones del director Sánchez Bereche no es la investigación de fondo. Tomar una decisión en base a documentos en copias simples, sospechas de ser falsificados y elaborados posteriormente al inicio de la investigación, es propio de un niño. El no revisar íntegramente el Decreto Supremo N°028-2007-ED o Reglamento de Gestión de Recursos Propios demuestra incapacidad para darse cuenta que ha sido supuestamente sorprendido, puesto que el investigado ha incumplido con dicha norma en cuánto a la conformación, elección, reconocimiento y funciones del Comité de Gestión del colegio OCO, así como en la apertura de cuenta, documentación contable y otros, debiendo coordinar, brindar información y/o solicitar la aprobación del Gobierno Regional de Educación o UGEL correspondiente. Ha prescindido de las declaraciones de todos los involucrados y del careo para «descubrir» el delito. Sospechosamente, nada de ello ha ocurrido.
Por otro lado, según información de la SUNAT, Dayro, empresa trujillana dedicada a la ingeniería y la construcción, desde junio del 2023 viene incumpliendo pagos al Tesoro Público, razón por la que tiene pendiente deudas coactivas.
UGEL DE CHICLAYO
A manera de consuelo, el fiscal Taboada ha considerado en su fallo que ha existido falta administrativa de parte del denunciado Sánchez Bereche al no contar con la autorización de las autoridades de la UGEL de Chiclayo para realizar el alquiler del terreno del colegio a la empresa Dayro y que debió de informarlo de inmediato. El hecho debe ser discutido en la vía administrativa por presunta falta y en ese sentido corresponde remitir copias de los actuados a la UGEL de Chiclayo para que disponga el inicio del proceso administrativo disciplinario en su contra y determine la sanción respectiva.
Economista y no docente de educación básica, Alí Martín Sánchez Moreno, viene siendo la pared donde se estrellan las denuncias, quejas y reclamos contra el director del colegio OCO. Foto: Facebook.
Transcurrido un año, el inicio del proceso contra Sánchez Bereche duerme el sueño de los justos en la UGEL de Chiclayo, cuyo director Elí Martín Sánchez Moreno viene ocupando ese puesto desde el 2015 y a quién los denunciantes del director del colegio “Octavio Campos Otoleas” han enviado sendas cartas de fecha 17-05-2024 y 20-05-2024 a fin de hacer cumplir lo dispuesto por el fiscal anticorrupción Taboada Ramón.
Sin embargo, la celeridad de atención de otras solicitudes con firma de resoluciones por parte del director de la UGEL de Chiclayo es digno de destacar, como ejemplo el concederle 8 días de licencia con goce de haber a la “encargada de la dirección” del OCO, profesora Gamarra Gil por el fallecimiento de un pariente en el 2023 y el correspondiente otorgamiento económico de subsidio por luto y sepelio.
La Asociación de Ex Alumnos del Colegio Nacional Mixto de Secundaria “Octavio Campos Otoleas”- Promoción 1982 pide al Gerente Regional de Educación de Lambayeque, Luis Reymundo Dioses Guzmán, y al director de la UGEL de Chiclayo, Elí Martín Sánchez Moreno, la inmediata remoción de José Manuel Sánchez Bereche como director.
(*) Presidente de la Asociación de Ex Alumnos del Colegio Nacional Mixto de Secundaria “Octavio Campos Otoleas”- Promoción 1982.