Corte Superior de Justicia confirma sentencia a favor de trabajadores del Congreso
Pedro Quiñonez y Fidel Vásquez, lideran junto a otros trabajadores del Congreso, el cumplimiento de sus derechos laborales arbitrariamente negados por la actual administración del Poder Legislativo. Foto: Composición replica.pe
Escribe: Arístides Alvarez
Fecha: 07-04-2025
La Corte Superior de Justicia de Lima confirmó la sentencia del juzgado supranacional que ordena al Congreso de la República cumplir con el pago por concepto de liquidación de devengados de remuneraciones del período 2011-2024 a un grupo de sus trabajadores repuestos por mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre ellos al ex jefe de seguridad, Pedro Antonio Quiñonez Seminario, y el ex jefe de imprenta Fidel Dolores Vásquez Sánchez.
Así lo señala la Primera Sala Constitucional a través de la Resolución N° 06 de fecha 23 de enero de 2025, firmada por los jueces Oswaldo Alberto Ordóñez Alcántara, Bacilio Cueva Chauca y Andrés Tapia Gonzales, en la acción de amparo presentado por el trabajador Máximo Jesús Ataje Montes, Quiñonez Seminario, Vásquez Sánchez y otros, contra el Informe Pericial N° 1486-2020-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ del 27 de julio de 2020 que no habría tomado en cuenta lo dispuesto por la CIHD y lo señalado en la Resolución Final dictada por la Comisión Especial o Comisión Blancas, es decir utilizar el cuadro de equivalencias de los niveles remunerativos de los Decretos Legislativos N° 276 y 728.
“…el mandato de reposición de los beneficiarios de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos será cumplida siempre y cuando se les asigne funciones iguales o análogas a las que desempeñaban al momento de ser cesados, teniendo en cuenta su calificación profesional o técnica, y sin poder reducir su categoría o nivel adquirido”, dice el párrafo 15 del fallo.
Por esa razón Quiñonez Seminario, Vásquez Sánchez y otros, han recurrido al Ministerio Público en denuncia penal contra los principales funcionarios del Congreso de la República por el delito de resistencia o desobediencia a la autoridad al incumplir dicho mandato desde el 2011 al considerarlos como trabajadores en una escala remunerativa menor y que no les corresponde.
CONGRESO PAGA ABOGADOS
Los ocho altos funcionarios denunciados, encabezados por el Oficial Mayor, Giovanni Carlo Antonio Forno Flórez, para afrontar sus defensas cuentan con abogados pertenecientes a estudios privados o particulares que son pagados con dinero de todos los peruanos por sus servicios, debido a que su autorización fue aprobada mediante la Resolución N°10-2025-DGA-CR del 20 de enero de 2025, fecha coincidente con la designación de Rosa Elena Izaguirre Silva en el cargo de Director General de Administración del Congreso por Acuerdo de Mesa N° 090-2024-2025/MESA-CR en reemplazo del destituido Carlos País Vera, involucrado en el caso de presunta red de prostitución.
Un botón de muestra es la contratación del abogado José Jorge Rodríguez Figueroa para ejercer la defensa del denunciado funcionario, William Federico Alcántara Infantes, Jefe de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Administración del Congreso, un desconocido administrador que llegó al Poder Legislativo en el 2016 de la mano de Ricard Acuña, hijo del fundador de APP, César Acuña.
Según opinión de expertos consultados, la contratación de abogados particulares para ejercer la defensa de éstos funcionarios sería irregular porque lo cometido no constituye delito de función sino delito común.
FUNCIONARIOS DENUNCIADOS Y NOTIFICADOS
Además, del Oficial Mayor Forno Flórez y los mencionados líneas arriba, los denunciados y/o notificados son: el Director General de Administración (Rosa Elena Izaguirre Silva), el Jefe del Departamento de Recursos Humanos (Sonia Gloria Polino Valverde), el jefe del Area de Administración de Personal (Gloria Norma Obregón Castillo), y el jefe del Departamento de Finanzas (María Lucía Bravo Roncal).
Asimismo, Carlos País Vera (ex Director General de Administración), Haidy Janette Figueroa Váldez (destituida Jefe del Departamento de Recursos Humanos por el mismo caso a País Vera), Manuel Eduardo Peña Tavera (Procurador Público) y Carmen Estela Bustos Gutiérrez (Jefe de Beneficios y Liquidaciones).
Contadora Rosa Elena Izaguirre Silva llegó al Congreso en el 04-09-2019 como profesional CAS a la oficina de planeamiento y ascendió como la espuma. En la foto del 22-12-2015 en cena con trabajadoras y funcionarias conocidos del Congreso. Foto: Facebook.
CONTINÚA LA MENTIRA
La defensa de Alcántara Infantes ha aseverado durante el investigación que realiza la Sexta Fiscalía Penal de Lima: “(el Congreso) ha cumplido con aprobar el monto a liquidar a los denunciantes, de nombre Pedro Quiñonez Seminario y (Fidel) Dolores Vásquez Sánchez, los mismos que han dado su conformidad en cuanto al monto…En esas circunstancias mi defendido WAI, frente a dicha pregunta, señaló que no ha cometido en ningún momento el delito de resistencia o desobediencia a la autoridad…”, conforme se evidencia en la página 6 del Informe Legal N°01-2025/JJRF de fecha 10 de febrero de 2025 firmado y remitido por el abogado Rodríguez Figueroa al Departamento de Logística del Congreso, solicitando el pago de sus servicios. Dicho documento tiene los sellos de recepción de la Dirección General de Administración, el Departamento de Abastecimiento y el Grupo Funcional de Compras.
Ambos, denunciantes y beneficiarios consultados por replica.pe han negado haber recibido hasta la fecha los montos por liquidación de devengados de sus remuneraciones del período 2011- 2024 de parte del Congreso de la República.
La mentira constituye delito de falsa declaración, entre otros.