Poder Judicial da plazo de 5 días al Congreso para pago a trabajadores
Pedro Quiñonez y Fidel Vásquez, dos experimentados trabajadores del Congreso injustamente discriminados en sus derechos laborales. Foto: replica.pe
Fecha: 12-03-2025
Escribe: Arístides Alvarez
El juzgado supranacional de la Corte Superior de Justicia de Lima ha otorgado cinco días de plazo a seis altos funcionarios del Congreso de la República para el cumplimiento del fallo que dispone el pago por concepto de liquidación de devengados de remuneraciones del período 2011-2024 a favor del ex jefe de seguridad, Pedro Antonio Quiñonez Seminario, y el ex jefe de imprenta Fidel Dolores Vásquez Sánchez.
Así lo señala la Resolución N°2126, de fecha diez de marzo del 2025, firmado por el juez Ronald Mixan Alvarez, donde requiere por segunda vez al Poder Legislativo representado por el Procurador Público, que dentro de cinco días de notificado acredite el haber cumplido administrativamente con el abono de las cantidades señalas a favor de Quiñonez Seminario y Vásquez Sánchez en la Resolución 2153, bajo apercibimiento de multa, y la potestad de aplicar el Habeas Data para corroborar la autenticidad de la información.
Los funcionarios públicos notificados son: el oficial mayor (Giovanni Carlo Antonio Forno Flórez), el Director General de Administración (Rosa Elena Izaguirre Silva), el Jefe del Departamento de Recursos Humanos (Sonia Gloria Polino Valverde), el jefe del Area de Administración de Personal (Gloria Norma Obregón Castillo), el Jefe de la Oficina de Planeamiento (Jorge Iván Cruzalegui Guadiamos), y el jefe del Departamento de Finanzas (María Lucía Bravo Roncal).
De izquierda a derecha: Forno Flórez, Peña Tavera, Obregón Castillo, Alcántara Infantes y Polino Valverde, funcionarios y ex funcionarios notificados e investigados por el Poder Judicial y el Ministerio Público. Foto. Composición replica.pe
“No es la primera multa que se le viene aplicando al Congreso de la República por incumplimiento de este fallo judicial que oportunamente paga porque tienen plata como cancha transgrediendo nuestros derechos laborales”, afirma Quiñonez.
Por su parte, Fidel Vásquez recuerda que en 1979 ingresó como trabajador del Congreso y cada año fue evaluado y capacitado llegando a ser jefe de impresiones y publicaciones del Senado, sin embargo, tras su reincorporación en el año 2011 junto a 257 trabajadores, entre ellos también Quiñonez (ex jefe de Seguridad), la administración del Congreso lo consignó como técnico desconociendo su nivel remunerativo correspondiente e incumpliendo la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Ambos, fueron despedidos arbitrariamente por la dictadura fujimorista tras el golpe del 5 de abril de 1992.
Quiñonez y Vásquez iniciaron reclamos internos al Congreso pero no fueron escuchados, viéndose obligados a denunciar penalmente a los funcionarios involucrados ante el Ministerio Público (Carpeta Fiscal 3669-2024) por el delito de resistencia o desobediencia a la autoridad, siendo actualmente investigados Forno y otros seis funcionarios.
Irracional apelación del procurador público del Congreso que pierde casi todos los juicios, pero se opone al pago económico de los derechos de los trabajadores Quiñonez y Vásquez. Fue rechazo por el juez. Foto: replica.pe
Además, de los señalados líneas arriba están: Carlos País Vera (destituido Director General de Administración por el caso de la presunta red de prostitución), Haidy Janette Figueroa Váldez (destituida Jefe del Departamento de Recursos Humanos por el mismo caso a País Vera), William Federico Alcántara Infantes (Jefe de la Oficina de Planeamiento), Manuel Eduardo Peña Tavera (Procurador Público) y Carmen Estela Bustos Gutiérrez (Jefe de Beneficios y Liquidaciones).