Denuncian penalmente a oficial mayor del Congreso
Giovanni Forno Flórez continúa en el puesto de Oficial Mayor del Congreso tras designación por cuestionado presidente, Alejandro Soto Reyes de APP. Foto: Caretas.
Fecha: 04-03-2025
Escribe: Arístides Alvarez
Un grupo de altos funcionarios del Congreso de la República encabezados por el oficial mayor Giovanni Carlo Antonio Forno Flórez han sido denunciados penalmente por el delito de resistencia o desobediencia a la autoridad.
La denuncia ha sido interpuesta ante el Ministerio Público por el ex trabajador Pedro Antonio Quiñonez Seminario debido a la reiterada negativa de Forno y otros, de reconocer su nivel remunerativo que ostentaba al momento de ser despedido arbitrariamente durante la dictadura de Alberto Fujimori, conforme lo señala la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ordenó el reingreso de 257 trabajadores en el año 2006.
Denunciante ex jefe de seguridad del Congreso, Pedro Quiñonez Seminario. Foto: replica.pe
Sin embargo, cuando Quiñonez Seminario – y los demás- en el 2011 volvió a laborar a través de una acción de amparo admitida por el Juzgado de Sentencias Supranacional de la Corte Superior de Justicia de Lima (Expediente: 26604-2008-9-1801-JR-CI-25), no se le consignó como director de seguridad o jefe de seguridad del Poder Legislativo sino como técnico, iniciando desde entonces sus reclamos administrativos.
Contundente e inapelable: Punto 2 de la Resolución Final de la Comisión Especial para el Proceso de Ejecución de la Sentencia del Caso 11.830. Foto: replica.pe
Al no tener respuesta, se vio obligado a denunciar penalmente a Giovanni Carlo Antonio Forno Flórez (oficial mayor), Carlos País Vera (destituido Director General de Administración por el caso de la presunta red de prostitución), Haidy Janette Figueroa Váldez (destituida Jefe del Departamento de Recursos Humanos por el mismo caso a País Vera), William Federico Alcántara Infantes (Jefe de la Oficina de Planeamiento), María Lucía Bravo Roncal (jefe del Departamento de Finanzas), Manuel Eduardo Peña Tavera (Procurador Público) y Carmen Estela Bustos Gutiérrez (Jefe de Beneficios y Liquidaciones).
Parte de funcionarios denunciados: Figueroa Valdez (ex jefa de RR.HH. que aprobó la pensión presidencial al condenado dictador Alberto Fujimori), Peña Tavera (adjunto de la Procuraduría del Congreso que pierde todos los juicios) y Bravo Roncal (eterna jefa del departamento de finanzas). Foto: composición replica.pe
La investigación preliminar fue ordenada y la realiza el Segundo Despacho de la Sexta Fiscalía Corporativa Penal de Lima (Carpeta Fiscal 3669-2024) desde el 13 de diciembre del 2024, la misma que ha sido ampliada para recibir las declaraciones del grupo de altos funcionarios del Congreso denunciados.
Al cumplir los 70 años de edad en el 2024, Quiñonez Seminario fue jubilado por el Congreso de la República que le otorgó una liquidación económica de apenas un tercio del total que le corresponde por derecho laboral y viene percibiendo una irrisoria e injusta pensión.