Hasta el tuétano
27 de mayo del 2021
Escribe: Arístides Alvarez
Del total de veinte personas que laboran en la bancada parlamentaria de Acción Popular, solo cinco son militantes, el resto está conformado por profujimoristas, proapristas y desconocidos y ajenos totalmente de la doctrina, principios y lineamientos del partido que fundó Fernando Belaunde Terry.
Tal infiltración o “coladera” solo ocurre en AP y no en el resto de los partidos representados en el Congreso de la República, y sucede lamentablemente existe una praxis parlamentaria discriminatoria contra los profesionales y militantes honestos. Es la emulación de la cúpula limeña dirigencial que prefiere a amigos, recomendados y familiares con quienes comulgan intereses personales y grupales, pero no colectivos.
PROFUJIMORISTAS
Jesús Eduardo Molina Ormeño es asesor desde el 22 de octubre del 2020. Laboró a órdenes del cuestionado congresista fujimorista Héctor Becerril pese a estar adscrito a la Oficina de Apoyo a la Mesa Directiva y Enlace con los Gobiernos Locales y Regionales del Congreso. Sus servicios eran un combo de acciones de prensa y legales, dado su condición de bachiller en ciencias de la comunicación y bachiller en derecho, en ambos casos por la universidad San Martín de Porres, pero con título de abogado por la universidad Inca Garcilaso de la Vega. No registra afiliación política.
Recordemos que Héctor Becerril es hoy investigado por conocidos actos de corrupción, mientras que sus hermanos son procesados en el Cuatro Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo por integrar la organización criminal “Los temerarios del crimen». Víctor Antonio, un fugaz ex congresista fujimorista en el período 2000-2001 y ex gerente del Grupo Oviedo, se acogió al proceso de terminación anticipada aceptando su responsabilidad en el delito de cohecho activo por lo que recibió una condena de cuatro años de presión suspendida, y Segundo Wilfredo es un prófugo de la justicia. La PNP ofrece una recompensa de 25,000 soles por información que conduzca a su captura.
Molina ha desparecido de su cuenta de facebook la fotografía y el texto que publicó el 24 de noviembre del 2014 intentando negar conocer al empresario Juan Carlos Rivera Ydrogo (Chocherín), gerente de la empresa Antalsis y socio el ex asesor presidencial Martín Belaunde Lossio, el mismo día que el diario Perú 21 desató el escándalo público con el titular y amplia foto del personaje eludido: “El ‘chochera’ de Palacio”, Rivera Ydrogo ingresó 33 veces a sede del gobierno entre el 2012 y 2014, en referencia al financista de la campaña de Humala. El caso ‘Richard Swing’ es popularmente un chancay de a medio.
Guillermo Percy Cáceres Rupay es asesor desde el 5 de febrero del 2021. Es bachiller y licenciado en ciencias de la comunicación por la universidad San Martín de Porres. Laboró también durante la dictadura fujimorista en la Oficina de Comunicaciones del Congreso y figura en la lista de 120 trabajadores despedidos durante la gestión del presidente del Congreso Daniel Salaverry y señalados como fujitrolls. El hecho fue registrado en el diario La República del 15 de febrero del 2019 cuya portada título: “Fujitrolls y trabajadores fantasmas en el Congreso”. En el 2020, llegó al JNE. Increíblemente, es asesor de la bancada de Acción Popular, sin importarles que Javier Alva Orlandini resultó víctima del libertinaje periodístico del entonces redactor del aprofujimorista diario Expreso, a quién denunció por el delito contra el honor y mediante una demanda de amparo logró que el TC revoque la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que había dejado sin efecto la sentencia condenatoria contra él y otros dos coacusados. El fallo está contenido en el Expediente N° 01779-2011-PA/TC. Asimismo, el 5 de agosto del 2010, Expreso difundió en portada: “La monja del baguazo, senderistas y humalistas azuzan La Convención”, y el 10 de agosto, el Movimiento Cristiano Pro Derechos Humanos de Quillabamba (Cusco) publicó un comunicado desmintiendo lo difundido por Expreso y exigiendo al medio y al autor de la información Guillermo Cáceres la rectificación y las disculpas del caso. La publicación de Expreso fue utilizada por el aprista Premier Javier Velásquez Quesquén para afirmar que la infiltración de Sendero Luminoso estaba detrás de las protestas de la población que se oponían a la exportación del gas de Camisea.
Karen Yana Quispe es asesora desde el 18 de marzo del 2020, es decir fue contratada por el primer vocero de la bancada, Otto Napoleón Guibovich Arteaga, ex comandante del Ejército durante el gobierno aprista de Alan García. Ha desempeñado ese cargo en el despacho del fujimorista congresista Marco Miyahiro, y como asesora juramentada en la Comisión de Inteligencia del Congreso, que en el período 2018-2019 la presidió el ex general PNP. Desde el 2011, laboró con la congresista fujimorista Aurelia Tan de Inafuko. También, figura también en la lista de trabajadores cesados por Salaverry, cuando trabajaba en la Comisión de Inteligencia. Es bachiller y abogada por la Universidad Mayor de San Marcos según la SUNEDU. No registra afiliación partidaria.
Excepcionalmente, debemos señalar que Yuliana Diana Margory Meza Sevillano, una médico cirujano por la Universidad Antenor Orrego, de filiación aprista, se desempeñó como asesora de la bancada AP cuando Guibovich era el vocero según versiones del Congreso. Ella, en vez de contribuir directamente en la lucha contra la pandemia del Covid 19, ahora es asesora principal del despacho del ex general del ejército según información pública del Poder Legislativo. No registra afiliación política.
Liza Mirella Becerra Villar es asesora desde el 28 de abril del 2020. Según la SUNEDU es bachiller y licenciada por la Universidad San Juan Bautista, de propiedad del ex fujimorista José Luis Elías Avalos. Antes, laboró en la Contraloría donde se desempeñó como conductora. También fue coordinadora de prensa de Canal 2 donde formó parte del grupo de amigos con Christian Peralta y Lizbeth Maceda, esposos que después se desempeñaron como el jefe de prensa de Keiko Fujimori, jefe de comunicaciones del Congreso y señalado creador de los fujitrolls en las redes sociales, y Maceda, como asesora del congresista fujimorista Edwin Vergara, socio empresarial del narcotraficante colombiano Diego José Sánchez Ospina, detenido por la policía antidrogas durante al decomiso de una tonelada de cocaína en un almacén de San Juan de Lurigancho, en el 2018.
En su cuenta de Linkedin, Becerra Villar exhibe sendas recomendaciones del jefe de la ONPE, Pedro Corvetto Salinas, el amigo de Pier Figari y el visitante del bunker (de Bucaré) de Keiko Fujimori; y del gerente de Farenet, Christian Bustos, la empresa de revisión de vehículos de propiedad del esposo de la fujimorista Cecilia Chacón. No registra afiliación política.
CORAZONES APRISTAS
Desde que Alfredo Barnechea se hizo candidato presidencial en el 2016, Ibo Urbiola Sierra es asesor de la bancada de AP. Ese año, se le designó candidato al Congreso por Lima con el número 9 tras la renuncia del buen militante y médico Giovani Delgado. El diario Expreso publicó el 16 de setiembre de ese año un amplio informe donde la dirigencia de Acción Popular daba cuenta de la aparición de una factura por el monto de cerca de 500,000 soles por servicios de publicidad brindada a la campaña presidencial a nombre de Ibernandes SAC, empresa donde el gerente general era Urbiola Sierra, la cual fue desestimada de ser presentada a la ONPE. El misterio aun no ha sido esclarecido. Urbiola es militante desde el 6 de marzo del 2014, pero antes lo fue del partido aprista (del 2008 al 2010). Y según la SUNEDU, es bachiller y licenciado en ciencia política por la universidad nacional Federico Villarreal, de filiación aprista.
Alberto Flavio Rey Rojas, es asesor (con corazón aprista) desde el 5 de junio del 2020. Ha laborado en las estratégicas comisiones del Congreso, principalmente en la de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera. El 5 de setiembre del 2017, por intermediación del presidente de dicha comisión, el camaleón, Carlos Bruce, ante la Mesa Directiva presidida por el fujimorista congresista Luis Galarreta, logró la aprobación de su solicitud de continuación laboral como técnico nivel 7 en vez de ser ocupada por un asesor de nivel 9. La explicación es ser bachiller en economía por la Universidad de Lima según la SUNEDU. No tiene filiación política.
ASESORES “INDEPENDIENTES”
José Genaro Musayón Ayala, es asesor desde el 22 de mayo del 2020. Y según la SUNEDU, es bachiller e ingeniero agrícola por la universidad nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque. Ha ocupado las jefaturas de la administración locales de agua de uso agrario y no agrario en Pisco, Chicama y Mala-Omas (Cañete) por designación de la Autoridad Nacional de Agua. En el 2018, la Contraloría a través del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas, declaró infundados los recursos de apelación de él y Segundo Adriano Castro Alva, su subordinado, y reformó la sanción que recibió Musayón Ayala, de 4 a 2 años, la inhabilitación para el ejercicio de la función pública que determinó responsabilidades en la adulteración de boletas por consumo en perjuicio del Estado por la suma de 210 soles, según lo señala la Resolución N°001-2018-CGR/TSRA-Primera Sala del 3 de enero de ese año. Según la SUNAT es gerente general de la empresa Corporación Johemusa SAC dedicada al alquiler de equipos de transporte terrestre. Su aporte profesional en la bancada es un misterio. No registra afiliación política.
José Luis Gonzales Acuña es asesor desde el 22 de mayo del 2020. Según la SUNEDU es desde 1997 ingeniero industrial por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega pero no consigna registro de su bachillerato. Y según el ROP, registra tener militancia en Perú Posible desde el 31 de marzo del 2011. Su aporte profesional a la bancada también es un misterio.
Verónica Fabiola Rondón Carreón es asesora desde el 23 de noviembre del 2020. Es bachiller en derecho, abogada y magíster en derecho civil por la universidad Católica de Santa María. Extrañamente, la SUNEDU no consigna la fecha de expedición de su diploma de abogada. En el 2016, sin ser militante fue la personera legal de Acción Popular en Arequipa. Y desde ese año, se desempeñó como asesora del despacho del congresista Miguel Román Valdivia. En el 2017, el Tribunal del Servicio Civil (SERVIR) declaró fundado el recurso de apelación que interpuso a la sanción de suspensión de seis meses sin goce de haberes en la municipalidad distrital de Socabaya argumentando la prescripción del inicio del proceso administrativo. Se le atribuyó responsabilidad a la prohibición de doble percepción de ingresos como gerente de la municipalidad distrital de Socabaya y asesor legal externo en la municipalidad distrital de Cocachacra durante el mes de enero y la primera quincena de febrero del 2011.
LAZOS FAMILIARES
César Humberto Ulloa Díaz, es asesor desde el 24 de febrero del 2021. Según la SUNEDU es bachiller por la universidad César Vallejo y abogado por la universidad nacional de Cajamarca. Y según la web del estudio jurídico Carlos Vásquez Boyer & Abogados Asociados con sede en la ciudad de Trujillo, es su abogado colaborador con estudios culminados de maestría por la Universidad Nacional de Tumbes. En los períodos 2017-2018 y 2019-2020, se desempeñó como decano del colegio de abogados de Tumbes. En el 2020, fue gerente de asesoría jurídica en la municipalidad provincial de Zarumilla y antes se desempeñó como asesor en el Proyecto Especial Binacional Puyango-Tumbes, entidad del ministerio de Agricultura a la que demandó alegando derecho a ser nombrado personal estable e interpuso un recurso de agravio constitucional contra la Sala Civil de la Corte de Justicia de Tumbes que había declarado infundada su petición, pero finalmente el Tribunal Constitucional dictaminó por su improcedencia según el Expediente N° 03258-2015-PA/TC de fecha 1 de octubre del 2018. Inexplicablemente cuando litigaba contra el Proyecto Puyango-Tumbes, el 6 de octubre del 2016 fue designado director de la oficina de asesoría legal y con ratificación en el cargo el 13 de febrero del 2018. Y pese al evidente conflicto de interés, el 7 de agosto del 2017, en su calidad de decano firmó un convenio interinstitucional con el ministro de Agricultura, José Manuel Hernández Calderón, para la implementación de las “veedurías ciudadanas” en contrataciones públicas para ejercer vigilancia (ad honorem) frente a los desastres que dispone la Autoridad para la reconstrucción con cambios. Hernández Calderón, después terminó convertido en colaborador eficaz en los actos de corrupción que involucran al ex presidente Martín Vizcarra. El 1 de junio de ese año, Ulloa Díaz fue designado gerente de asesoría legal de la municipalidad provincial de Tumbes por su alcalde Manuel Diego Enrique De Lama Hirsh, pariente directo del congresista Manuel Merino De Lama. Y, el 2 de julio del 2014 fue designado jefe de la oficina de asesoría jurídica del gobierno regional de Tumbes. El 29 de agosto de ese año, el diario Correo de Tumbes denunció el conflicto de interés de Ulloa Díaz con el centro de conciliación extrajudicial “Cenperco”, el lugar donde se iba a resolver una deuda de pago ascendente a 2 millones 800 mil soles por valorizaciones a una empresa constructora por parte del gobierno regional de Tumbes. Según el ROP del JNE es militante de AP desde el 18 de marzo del 2005.
TECNICOS Y AUXILIARES
Wilder Rogger Alva Arbieto, es técnico desde el 22 de mayo del 2020. Egresado de (ISIL), del grupo educativo de Raúl Diez Canseco, donde estudió comunicación integral. Registra haber trabajado en la Comisión de Energía y Minas (2018-2020) del Congreso durante la presidencia de Román Valdivia, y después en la Oficina de Comunicaciones del Parlamento (2020). Es militante de AP desde el 16 de agosto del 2019 según el ROP.
Julio Ezzar Beteta Santos, es técnico desde el 22 de mayo del 2020. Según la SUNEDU, es bachiller en contabilidad y contador público por la Universidad de Huánuco. Registra haber sido administrador de la municipalidad provincial de Ambo. En el 2017, la Contraloría a través del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas increíblemente declaró fundado su apelación y lo absolvió de la sanción recibida de tres años de inhabilitación para el ejercicio de la función pública por parte de la Jefatura del Órgano Sancionador de la CGR como responsable en el 2013 de una declaración falsa en su condición de miembro del comité de recepción de tres (3) camiones en perjuicio económico de la municipalidad distrital de Amarilis y el Estado. No registra afiliación política.
Walter Roberto Calderón Vásquez, es técnico desde el 28 de setiembre del 2020. Según la SUNEDU es bachiller e ingeniero forestal y ambiental por la universidad nacional de Jaén desde el 30 de diciembre del 2019. Su aporte profesional es un misterio. No registra afiliación política.
Ana Paula Castro Iturregui, técnico desde el 28 de enero del 2021. Según la SUNEDU, es bachiller de derecho por la Pontifica Universidad Católica del Perú desde el 11 de setiembre del 2019, sin embargo en su cuenta de Linkedin señala ser abogada y tener una maestría en comunicación y marketing político por la universidad de Alcalá, pero estos registros no aparecen. La SUNAT la consigna como titular del RUC 10705369041dedicada a la actividad de venta de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores. No registra afiliación partidaria.
Berenice Amanda Lu Castillo es técnico desde el 2 de febrero del 2021. No registra estudios técnicos y profesionales. Sin embargo, su nombre figura en la plana del Consejo Consultivo de la Carrera de Arte y Diseño Empresarial de la Universidad San Ignacio de Loyola, de propiedad de RDC, como Head manager de Area Momentum McCann. Es una activa tuitera contra la campaña de Pedro Castillo en una cuenta donde aparece con el nombre de VeryNiceTrue.
Frank Luque Guerra, es técnico desde el 22 de mayo del 2020. Según la SUNEDU es bachiller en derecho y abogado por la Universidad Tecnológica de los Andes (Apurímac) desde el 28 de setiembre del 2016. En el 2016, fue declarado no apto en el Convocatoria CAS N° 161 para asistente administrativo del Ministerio Público del Cusco por no acreditar experiencia laboral. El 27 de noviembre del 2013, el Tribunal Constitucional (Expediente N° 02123 2013-PA/TC) declaró improcedente su recurso de agravio constitucional contra la Sala Constitucional y Social de la Corte Superior de Justicia del Cusco que declaró fundada y concluido el proceso contencioso administrativo para ser reincorporado a la Policía Nacional. No registra afiliación política.
Tatiana Aguilar Guerrero, auxiliar desde el 19 de octubre del 2020. Según la SUNEDU, es bachiller y licenciada en administración y marketing por la universidad ESAN desde el 13 de marzo del 2020. En su cuenta de Linkedin registra haber realizado cursos de modas y joyería. No registra afiliación política.
María de Belén Anaya Blácido, auxiliar desde el 12 de mayo del 2020. No registra estudios técnicos ni profesionales. Según el ROP del JNE es afiliada desde el 12 de julio del 2019. Y según el congresista Luis Roel Alva es la secretaria de la bancada.
Joel Flavio Geldres Ramírez, auxiliar desde el 20 de agosto del 2020. Tampoco registra estudios técnicos ni profesionales. No tiene afiliación política, pero fue seleccionado como participante por Lima de los plenarios regionales en el Parlamento Joven 2020 que organizó el Congreso de la República.
En total, la bancada de AP está conformada por tres auxiliares, seis técnicos y once asesores.
RÉPLICA
Alfredo Villanueva Huarcaya, es asesor de la bancada de AP desde el 19 de marzo del 2020. Según la SUNEDU es bachiller en derecho por la Universidad Alas Peruanas y abogado por la universidad Inca Garcilaso de la Vega desde el 23 de noviembre del 2010. Trabajó a partir del 2006 como auxiliar en el despacho del congresista Víctor Andrés García Belaunde y luego como su asesor. En el 2020, por recomendación del cuestionado y disuelto congresista “Vitocho” se hizo asesor de la bancada. Se atribuye el inexistente cargo de Jefe del Gabinete de Asesores y como tal el pasado sábado 22 y domingo 23 de mayo participó como expositor en el Taller de inducción de gestión política 2021-2026 del partido Acción Popular dirigido a los electos congresistas en el Hotel El Colono Inn de Cieneguilla organizado por el grupo parlamentario AP con aprobación del vocero titular, Franco Salinas. Otros expositores fueron Berenice Lu (o Berenice Amanda Lu Castillo) y el cuestionado periodista Carlos Paredes, ex asesor de la ex vicepresidenta Mercedes Araoz y ex asesor de la congresista Mónica Saavedra y autor del libro El Lagarto (llámese Martín Vizcarra), Carlos Paredes. El objetivo del evento es lograr el reenganche del personal que labora en la bancada y que los 16 nuevos congresistas asuman la autoría el Proyecto de Ley del Senado de la República para asegurar el regreso al Congreso de “Vitocho”, Barnechea, RDC, Edmundo del Aguila Morote y otras viejas glorias de AP, y la continuación en la defensa de intereses extrapartidarios.
El pasado lunes 25, en su Facebook, Villanueva Huarcaya difundió un aviso del grupo parlamentario en relación al asesinato de 16 personas en el VRAE y al preguntarle que explique si quién elaboraba esa proclama (propagandística) son los asesores fujimoristas que trabajan en la bancada de AP, nos respondió: “…no sé a qué o a quién te refieres. En la bancada no hay ningún asesor fujimorista ni filo fujimorista…creo que te excedes en tu comentario que ofende el profesionalismo de un equipo que trabaja defendiendo los colores del partido”…
Nuestra réplica.